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Volvemos con otro tema delicado en el blog, el SEO Black Hat, una manera de posicionarse en los buscadores “poco ética” que hace caso omiso a todas la recomendaciones de Google y los demás buscadores.
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A día de hoy el marketing digital ha revolucionado por completo el mundo del marketing, es más se podría decir que ha revolucionado el mundo en general. Desde el entorno personal, compartiendo lo que haces
La consultante es la nuda propietaria de un local de negocio en el que, desde hace más de diez años, desarrolla una actividad de venta de mobiliario. Tiene la intención de constituir una sociedad mercantil y aportar a la misma todos los elementos patrimoniales que integran la actividad.
Ante la duda sobre su tributación, eleva una consulta ante la DGT cuestionando, si una vez fallecida la usufructuaria del local y consolidado el dominio, es necesario el transcurso del plazo de tres años para considerar el inmueble afecto a la actividad a los efectos de la posterior aportación a la sociedad.
En su contestación la Administración recuerda que la aportación de un inmueble por parte de una persona física a la constitución de una sociedad supone una alteración en la composición de su patrimonio que determina la existencia de una ganancia o pérdida patrimonial. Con carácter general, esta ganancia o pérdida se determina conforme a lo previsto en la LIRPF art.37.1.d, si bien es posible la aplicación del régimen especial de reorganizaciones empresariales a las aportaciones de elementos patrimoniales afectos a actividades económicas realizadas por personas físicas cuya contabilidad se lleve con arreglo a lo dispuesto en el CCom y se cumplan los restantes requisitos, entre ellos, que el inmueble a aportar se encuentre afecto a la actividad económica durante al menos tres años antes de su aportación a la sociedad.
En caso de resultar aplicable el referido régimen especial, la persona física aportante no debe integrar renta alguna en la base imponible de su IRPF como consecuencia de esa transmisión, y las participaciones recibidas como consecuencia de dicha aportación conservan a efectos fiscales los valores y fechas de adquisición que tenían los inmuebles aportados.
En el caso planteado, la consultante posee la nuda propiedad del inmueble, mientras que el usufructo corresponde a su tía. El derecho real de usufructo, derecho limitativo del de propiedad de duración temporal, confiere a su titular la facultad de uso y aprovechamiento exclusivo del bien ajeno sobre el que recae. Su régimen común, aplicable salvo pacto o disposición en sentido contrario, supone que el usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia (CC art.467), y que el usufructuario tiene derecho a percibir todos los frutos naturales, industriales y civiles de los bienes usufructuados (CC art.471). Por tanto, una vez separado el derecho de uso del de propiedad, solo el usufructuario está en disposición de realizar cualquier tipo de aprovechamiento del inmueble.
Es decir, el titular del derecho de usufructo puede utilizarlo por sí mismo, o ceder el uso del que dispone (mediante cualquier contrato de cesión del mismo) para que sea un tercero quien realice, en su caso, una actividad económica, siendo este el supuesto que se da en la consultante al ser ella la que desarrolla su actividad económica en dicho inmueble. No obstante, y a pesar de que la consultante está desarrollando su actividad económica en el inmueble por la cesión del uso que le está realizando el usufructuario del mismo, la nuda propiedad es un derecho que temporalmente no permite la explotación directa del bien, ya que hasta la extinción del usufructo todas las facultades de uso de las fincas están en manos del usufructuario.
Por tanto, la nuda propiedad de la finca no puede considerarse afecta a la explotación económica de la consultante al carecer por completo de facultades o utilidades que son necesarias para dicha actividad, para considerar que un elemento patrimonial está afecto a una actividad económica, por lo que una vez consolidado el pleno dominio del inmueble a raíz de la muerte del usufructuario del mismo, será necesario el transcurso del plazo de tres años desde que se produzca el fallecimiento para considerar que el inmueble aportado a la sociedad se encuentra afecto a la actividad económica.
Una liquidación de IVA correspondiente al cuarto trimestre de 2012, presentada por una cooperativa con resultado a devolver, es modificada como consecuencia de una comprobación limitada, de la cual resulta una cuota a ingresar. Dicho resultado tiene su origen en la consideración de un pago anticipado realizado en diciembre de 2012 por la entrega de las viviendas promovidas por la entidad que, a juicio de la Administración, es incorrecto.
Según la Oficina de Gestión Tributaria, en las escrituras públicas de adjudicación de vivienda mediante subrogación en préstamo hipotecario otorgadas unilateralmente, no consta el consentimiento del acreedor (el banco), por lo que no se puede entender producida la sustitución del nuevo deudor, los cooperativistas, en lugar del primitivo, la cooperativa. Por este motivo, no se puede entender producido el pago anticipado y, por tanto, el devengo del IVA.
La entidad alega por su parte que, de acuerdo con la jurisprudencia del TS, la falta de consentimiento del acreedor en la subrogación de un tercero en la posición del deudor primitivo impide que dicha subrogación surta efectos frente a él, pero no que la misma despliegue plenos efectos jurídicos entre el deudor y el tercero, indicando, asimismo, que la aceptación del acreedor a dicha subrogación debe ser prestada en cualquier forma y momento.
Es necesario señalar que, a partir de 1–1–2013, las viviendas y sus anexos pasan a tributar al tipo del 10%, en vez de al 4%. Asimismo, en este caso, estas son transmitidas en el mes de diciembre de 2013, una vez finalizada su construcción.
Planteada la controversia, la recurrente acude al TEAC quien, en sus fundamentos de derecho,declara lo siguiente:
1. Determina si efectivamente se ha producido la subrogación en el crédito hipotecario en el mes y año que reclama el contribuyente, y si, como consecuencia de ello, se ha producido el cobro del precio y en las cuantías que defiende la entidad. Para ello, recuerda el carácter excepcional de la regla relativa a pagos anticipados y, como tal, esta debe ser objeto de una interpretación estricta (LIVA art.75.2; entre otros, TJUE 21–2–06, asunto BUPA Hospitals y Goldsborough Developments C-419/02; 23–12–15, asuntos Air France C-250/14 y C-289/14).
2. Tiene en cuenta que la asunción de deudas no significa la extinción automática de la obligación, sino que esta subsiste y se mantiene con todos sus efectos y consecuencias, hasta que se produce un cambio en el sujeto pasivo o deudor, que está obligado a satisfacerla o cumplirla, pero siempre que el cambio sea conocido y asumido por el acreedor, con lo que la obligación primitiva no queda cumplida, sino modificada subjetivamente, en su aspecto pasivo (CC art.1203 y 1205; LH art.118).
El consentimiento del acreedor, expreso o tácito, es requisito esencial para que se produzca un efecto liberatorio. Y su falta, determina la existencia de una delegación imperfecta, sin efectos liberatorios, que produce simples efectos obligacionales entre ambos deudores (entre otras, TS 5–5–97, EDJ 3591; 20–5–97, EDJ 2667).
Aplicado al caso lo apuntado en los párrafos anteriores, la entidad razona ante el Tribunal que no se dan los requisitos que dan lugar a la subrogación, con consentimiento expreso o tácito del acreedor, lo que supone que no existe cobro del precio, en tanto que la interpretación restrictiva que merece la aplicación de la regla especial de devengo de los pagos anticipados exige, al igual que el cobro monetario, la liberación total o parcial del precio o contraprestación a abonar por el destinatario de la operación al sujeto pasivo (Dir 2006/112/CE art.65).
Pese a que los cooperativistas se hacen cargo de la deuda, su abono se produce en función de los pagos a realizar por la entidad con el acreedor, que no se han modificado ni extinguido.
Sí se produce una liberación en el caso de que haya una asunción del pago por parte de los nuevos deudores con conocimiento y aceptación del acreedor (aceptación tácita), ya que esto implica una subrogación que cumple con los requisitos legalmente previstos para que tenga eficacia y plena validez, teniendo efectos liberatorios para el deudor primitivo.
En base a todo lo anterior, el Tribunal confirma el acto administrativo y desestima el recurso presentado.
31/07/2018
¿En qué período deben cumplirse los requisitos para aplicar las reducciones en la donación de una empresa familiar?
El padre de los demandantes instituye herederos a estos y a su cónyuge, quienes una vez fallecido presentan liquidación del ISD y solicitan la reducción del 95% del valor de unas participaciones incluidas en la herencia, respecto de las que se presume se cumplen los requisitos establecidos para ello (LSD art.20.2.c).
La Administración rechaza la aplicación de este beneficio al entender que no se cumple la condición vinculada a que el causante (o alguna de las personas de su "grupo familiar" definido a estos efectos) ejerciera efectivamente funciones de dirección en la entidad, percibiendo por ello una remuneración que representase más del 50% de sus rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo personal del ejercicio a considerar.
No conformes, los interesados interponen primero reclamación económico-administrativa ante el TEAR de Galicia y posteriormente recurso de alzada ante el TEAC, que confirman la postura mantenida por la inspección al entender que:
1. En este caso, la cuestión clave se centra en determinar si la actividad que desarrollaba el causante era su principal fuente de renta, para lo cual debía reportarle una remuneración que representase más del 50% de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal.
2. Cuando es el causante la persona que debe ejercer las funciones de dirección referidas a la entidad por cuyos títulos se pretende la aplicación de este beneficio fiscal, para analizar si la actividad directiva constituía su principal fuente de renta, hay que considerar la totalidad de los rendimientos empresariales o profesionales obtenidos por el mismo atendiendo al último período impositivo del IRPF, lo que lleva al tiempo transcurrido entre la fecha del fallecimiento y el 1 de enero anterior.
En este caso, se acredita que la remuneración percibida por el causante durante este periodo no representa más del 50% de la totalidad de sus rendimientos.
Siendo así, no puede afirmarse, cualquiera que fuese la actividad que desarrollara en la entidad, que esta fuese su principal fuente de renta. Por tanto, el TEAC considera que carece de trascendencia analizar si dichas retribuciones se percibieron por el ejercicio efectivo por el causante de funciones directivas.
En base a lo anterior, el TEAC desestima el recurso confirmado íntegramente la resolución impugnada.
• En todo el Territorio Nacional (domingos y fiestas nacionales):
• En las siguientes Comunidades Autónomas:
- Día 22: Ceuta y Melilla.
VENCIMIENTO
IMPUESTO
MODELOS
Hasta el 20
RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos de trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
Julio 2018. Grandes empresas
111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
IVA
Julio 2018. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IGIC y otras operaciones
340
Julio 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones
380
IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
Mayo 2018. Grandes empresas
553, 554, 555, 556, 557, 558
Mayo 2018. Grandes empresas
561, 562, 563
Julio 2018
548, 566, 581
Julio 2018
570, 580
Segundo trimestre 2018. Excepto grandes empresas
553, 554, 555, 556, 557, 558
Segundo trimestre 2018. Excepto grandes empresas
561, 562, 563
Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y receptores autorizados
510
IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD
Julio 2018. Grandes empresas
560
Hasta el 30
IVA
Julio 2018. Autoliquidación
303
Julio 2018. Grupo de entidades. Modelo individual
322
Julio 2018. Grupo de entidades. Modelo agregado
353
Hasta el 31
Se podrán presentar los modelos 349 de IVA y 430 del Impuesto sobre las Primas de Seguros, cuyo plazo de presentación concluye el 20 de septiembre
Una persona física es declarada responsable subsidiaria de una serie de deudas de una sociedad, de la que era administrador.
Desestimado el recurso de reposición, alega ante TEAR, entre otros extremos, que la sociedad deudora principal no puede ser considerada fallida, ya que cuenta en su patrimonio con bienes de cuantía suficiente para el pago de la deuda.
El Tribunal estima su reclamación, al entender que la Administración no acredita la condición de fallido de la deudora principal. Disconforme, la Administración interpone recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio.
El TEAC centra la cuestión controvertida en la interpretación que realiza el TEAR de la normativa reguladora de la declaración de fallido del deudor principal, y de los requisitos necesarios para su declaración en relación con la posterior declaración de responsabilidad subsidiaria.
En su resolución, el Tribunal entiende que en la declaración de fallido del deudor principal, a la Administración no le es exigible otra gestión distinta a la de requerir información sobre la situación de los créditos, sin que deba hacerse cargo de las consecuencias de la falta de contestación (con independencia de la posible sanción por su no atención, o la declaración del contribuyente como responsable solidario –LGT art.42.2-), ni esperar a la resolución de los concursos de acreedores, ni personarse en ellos. Ninguna norma requiere que se agoten todos los trámites en periodo ejecutivo con respecto de todas las deudas.
No obstante, en el momento de la investigación esta debe constatar si los créditos son realizables de manera inmediata, y una vez comprobado que no son realizables y por tanto suficientes, declarar fallido al deudor principal. Posteriormente, los órganos de recaudación pueden vigilar la posible solvencia sobrevenida de los obligados al pago declarados fallidos, y proceder a la rehabilitación de los créditos si se diera la circunstancia dentro del periodo de prescripción.
Por todo lo anterior, el Tribunal estima parcialmente el recurso interpuesto por la Administración, y fija el criterio expuesto anteriormente.
27/07/2018
¿Cómo debe tributar la disolución de una comunidad de bienes compuesta por inmuebles?
Dos hermanos adquieren por compraventa un inmueble con un porcentaje del pleno dominio distribuido en el 67% para uno de ellos y el 33% para el otro.
Posteriormente, al fallecimiento de su padre, adquirieren por herencia, la nuda propiedad de otro inmueble, correspondiendo a cada uno el 50% en proindiviso y reservándose su madre el usufructo vitalicio.
Actualmente quieren disolver la comunidad de bienes compuesta por estos dos inmuebles, sin la renuncia del usufructo de la madre, adjudicándose uno de los hermanos el 100% del pleno dominio del primer inmueble y el otro el 100% de la nuda propiedad del segundo inmueble.
Ante la duda que le suscita la tributación de la de la comunidad de bienes en el IIVTNU, en el ISD, en el ITP y AJD, modalidad de TPO y en el IRPF, eleva consulta a la DGT quien establece:
1. IIVTNU
En este caso, estamos ante dos comunidades de bienes independientes, que recaen sobre distintos bienes, que tienen un distinto origen y en las que los derechos en cada una de ellas son distintos. Los comuneros deciden disolver cada una de las comunidades, mediante la adjudicación del único bien indivisible a uno de los comuneros, compensando al otro mediante la adjudicación del inmueble de la otra comunidad de bienes, y no con una compensación en metálico tal y como se exige (CC art.1062).
No estamos por tanto, ante una disolución de una comunidad de bienes, sino ante una permutadel derecho de pleno dominio y nuda propiedad que cada uno de los copropietarios tiene sobre los inmuebles afectados, lo que determina la sujeción al IIVTNU.
Así pues, cada uno de los comuneros tiene la condición de contribuyente del IIVTNU respecto del incremento de valor del terreno urbano que se produzca con ocasión de la transmisión de su porcentaje de propiedad (pleno dominio o nuda propiedad) que tenga sobre el bien inmueble que se adjudica al otro comunero.
2. ISD
En este caso, como consecuencia de la disolución de la comunidad hereditaria sobre la nuda propiedad de la vivienda habitual adquirida "mortis causa", uno de los causahabientes queda como único propietario de la misma, por lo que el inmueble permanece dentro del grupo de los herederos del causante con derecho a la reducción del 95% establecida en la normativa del impuesto (LSD art.20.2.c).
3.ITP y AJD (TPO)
Si bien es cierto que en este caso, los dos inmuebles serán propiedad de las mismas dos personas, no lo es que los inmuebles constituyan una única comunidad de bienes, sino que se trata de dos comunidades, una de origen inter vivos y otra de origen mortis causa.
Por tanto, la futura disolución del condominio sobre las dos comunidades constituye negocios jurídicos diferentes, y como tales, deben ser tratados separadamente. Esto implica que cada comunidad se debe disolver sin excesos de adjudicación. No obstante, si estos son inevitables, como es el caso, las compensaciones deben ser en metálico y no con bienes que forman parte de otra comunidad; en caso contrario nos encontraríamos ante una permuta y, como tal, tributaría como TPO.
4. IRPF
La disolución de comunidades de bienes y la posterior adjudicación a cada uno de los comuneros de su correspondiente participación en las mismas no constituye ninguna alteración en la composición de sus respectivos patrimonios que pudiera dar lugar a una ganancia o pérdida patrimonial, siempre y cuando la adjudicación se corresponda con la respectiva cuota de titularidad. En estos casos, los bienes adjudicados, conservan los valores de adquisición originarios.
Nota En relación a la tributación por el ITP y AJD, en una reciente consulta, la DGT se ha pronunciado respecto del exceso de adjudicación en el caso en el que se produzca un exceso que sin embargo, no origine tributación por la modalidad de TPO, porque su causa sea uno de los supuestos exceptuados al tratarse de un bien indivisible (LITP art.7.2.b). La DGT interpreta que en estos casos procede la liquidación del exceso por la cuota gradual de AJD (DGT CV 11-4-18).
27/07/2018
Consecuencias de la derogación del Régimen de Matrícula Turística
El Régimen de Matrícula Turística ha venido suponiendo desde hace años el beneficio de la no sujeción al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte ("impuesto de matriculación") y, según los casos, también el de la no sujeción o exención de los derechos de importación y/o del IVA. Estos beneficios han estado asociados a la condición de no residente en España y/o en la Unión Europea de los titulares de los medios de transporte acogidos al mismo.
De las disposiciones contenidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (L 6/2018 –LPGE-) a este respecto se derivan las siguientes consecuencias:
1. A partir del 5-7-2018, fecha de entrada en vigor de la LPGE, no es posible expedir nuevas autorizaciones del Régimen de Matrícula Turística (en adelante, "RMT) o prorrogar las que todavía estuvieran vigentes en ese momento.
2. Las autorizaciones que estuvieran vigentes antes del 5-7-2018 mantienen la vigencia en sus propios términos sin que esta pueda exceder del 31-12-2018.
A estos efectos se considerarán vigentes el día 5-7-2018 aquéllas autorizaciones del RMT cuyo plazo de utilización esté interrumpido en dicha fecha (RD 1571/1993 art.5). El interesado puede solicitar la reanudación de su utilización por el tiempo remanente del plazo interrumpido, sin que el período de utilización resultante de la reanudación pueda exceder del 31-12-2018.
Los medios de transporte amparados en estas autorizaciones pueden ser destinados hasta el 31-12-2018 a cualquiera de los destinosprevistos (RD 1571/1993 art.11 y 15), excepto el de transferencia a otra persona con derecho a matrícula turística.
3. El 1-1-2019 el RMT se considerará definitivamente extinguido y, por tanto, no cabrá la aplicación de ningún beneficio tributario o aduanero basado en el mismo.
27/07/2018
Novedad autonómica y foral del 21-7-2018 al 27-7-2018
Corrige error en la Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se da publicidad a las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2018.
Modifica la OF 703/2017, de 26 de diciembre por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del IVA a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Álava.
Una entidad va a adquirir a otros empresarios una serie de fincas que forman parte de la unidad de ejecución única de un Plan Parcial, cuyo sistema de ejecución es el de cooperación.
Las obras de urbanización van a ser desarrolladas en dos etapasindependientes y consecutivas. La ejecución material de las obras ha dado comienzo en la primera de las etapas pero no comenzará en la segunda hasta que no finalice la transformación física del suelo o se cumplan una serie de condiciones.
Ante la duda de si esta operación debe tributar por IVA o por ITP se eleva consulta a la DGT quien establece que:
1. Los propietarios de las parcelas de terreno objeto de transmisión son empresarios o profesionales a efectos del IVA, por lo que la transmisión de las mismas estará sujeta a dicho impuesto.
2. Es importante determinar el momentode la entrega de los terrenos afectos a la actividad empresarial o profesional del transmitente, ya que de ello dependerá el distinto tratamiento a efectos del IVA. Así:
a) Si tiene lugar antes del inicio de la urbanización de los terrenos, en la medida en que éstos tienen naturaleza rústica, ya sea porque se trata de terrenos no urbanizables o bien, siendo terrenos susceptibles de transformación urbanística, no se ha iniciado todavía la correspondiente actuación de urbanización, estará exenta del IVA.
Tal y como ha manifestado el TS la condición de terreno en curso de urbanización solamente se atribuye a aquel respecto del que se han iniciado operaciones materiales de transformación física del mismo (TS 11-10-04; 8-11-04).
Por su parte, siguiendo el criterio reiterado por la propia DGT, en tanto la transmisión del terreno se realice sin haber satisfecho el transmitente costes de urbanización, esto es, costes dirigidos a la transformación material del terreno, haciéndose cargo el adquirente de todos esos costes, o no se hayan iniciado efectivamente tales obras de urbanización, no cabe considerar que el terreno se encuentra en curso de urbanización a efectos de aplicar la exclusión de la exención prevista en la normativa del impuesto (LIVA art.20.uno.20º).
b) Si tiene lugar una vez que ya se ha iniciado el proceso urbanizador, o cuando esté ya finalizado, teniendo, por tanto, los terrenos transmitidos la condición de en curso de urbanización o de urbanizados, pero sin que hayan adquirido aún la condición de edificables ni de solares, estará sujeta y no exenta del IVA.
c) Si la entrega tiene por objeto solares o terrenos edificables, su entrega estará sujeta y no exenta del IVA.
d) Si el terreno, cualquiera que fuese su calificación, se destina a parques y jardines públicos o a superficies viales de uso público, su entrega estará sujeta pero exenta del IVA.
A la vista de lo anterior, la DGT concluye que en este caso, tratándose de fases independientes, en el momento de la transmisión respecto de la primera fase las obras de urbanización ya se habían iniciado, en cuyo caso no cabe la exención del IVA. Sin embargo, en relación con la segunda fase, al no haberse comenzado la transformación material de los terrenos, estos no tienen la consideración de terrenos urbanizados ni en curso de urbanización, así como tampoco de terrenos edificables por tanto, su transmisión está sujeta pero exenta del IVA, sin perjuicio de la tributación que proceda por la modalidad TPO del ITP y AJD.
Nota Todo lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de renunciar a la aplicación de la referida exención tal y como recoge la normativa del impuesto (LIVA art.20.dos).
25/07/2018
¿Es posible permitir a un sujeto pasivo optar por un régimen una vez expirado el plazo para ello?
Como consecuencia de una inspección, un contribuyente se ve obligado a darse de alta en el registro de sujetos pasivos del impuesto, optando por el régimen especial de franquicia (Dir 2006/112/CE art. 282 s.). Este régimen suponía para el contribuyente un mayor beneficio fiscal por tanto lo aplica retroactivamente a los ejercicios que no había declarado. La Administración, sin embargo, deniega esta aplicación retroactiva, obligándole a liquidar el impuesto repercutido.
Disconforme, interpone recurso de alzada contra la resolución, que es confirmada por la Dirección de recursos del país. Entiende que, a pesar de que el contribuyente estaba dentro del ámbito del régimen especial, únicamente puede beneficiarse de su aplicación respecto de las actividades gravadas con posterioridad a su alta.
Cuestiona entonces el sujeto pasivo esta decisión ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, a su juicio, los ejercicios en los que no ha superado el umbral que le da derecho a disfrutar del régimen especial, la Administración no debía haberle obligado a pagar IVA, con independencia de su situación censal.
Ante esta situación, el Tribunal suspende el procedimiento y eleva al TJUE cuestión prejudicial, planteando si es ajustado a la legalidad que una norma de un país excluya de un régimen a un sujeto pasivo por no haber optado en tiempo y forma, pese a que cumple materialmente los requisitos para su aplicación.
En su sentencia, el TJUE recuerda que:
- el principio de proporcionalidad, no se opone a que el disfrute de un régimen especial de tributación se supedite a la obtención de una aprobación previa, desprovista de efecto retroactivo, de la administración tributaria (TJUE 9-9-04, asunto Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg, C-269/03); asimismo
- el principio de neutralidad fiscal, es contrario a que sujetos pasivos en situaciones comparables y que por tanto compiten entre sí, sean tratados de forma distinta.
Por tanto, permitir a un sujeto pasivo optar por un régimen una vez expirado el plazo para ello, otorga una ventaja competitiva indebida en perjuicio de quienes han respetado las obligaciones previstas. Los sujetos pasivos podrían elegir el régimen al que se acogen por ser más ventajoso a posteriori, en función de sus resultados.
A la vista de lo anterior, el Tribunal concluye que el derecho de la unión no se opone a una normativa nacional que excluye a un sujeto pasivo de la aplicación de un régimen especial, a pesar de que reúna todos los requisitos de fondo, por no ejercer la facultad de optar por la aplicación en el momento de declarar el comienzo de sus actividades a la Administración tributaria.
Un empresario no establecido en TIVA solicita la devolución de las cuotas del IVA soportado, correspondientes a los años 2010 y 2011. Requerido por la Administración para aclarar la operativa de los envíos, en concreto, quién es el propietario y exportador de los bienes a Canarias, se deniega la devolución al no atender el sujeto pasivo el requerimiento.
Disconforme, el obligado tributario interpone recurso de reposición, con fecha 29-6-2012, que se inadmite por extemporáneo. Contra esa decisión, interpone reclamación ante el TEAC, donde formula las siguientes alegaciones:
- que la notificación por la que se deniega la devolución se realiza por dos vías distintas, por correo ordinario, con fecha 23-5-2012, y posteriormente a requerimiento del obligado, por vía electrónica, con fecha 1-6-2012;
- que la fecha de la notificación electrónica se modifica: cuando se interpone el recurso de reposición consta como fecha de notificación el 1-6-2012, mientras que cuando se revisa el expediente para interponer la reclamación consta el 23-5-2012. A estos efectos presenta como prueba el pantallazo de la página web de la AEAT.
No acogidas sus alegaciones por el TEAC, se reiteran en el recurso contencioso formulado ante la AN. La cuestión objeto de debate se centra en determinar la conformidad o no a Derecho de la declaración de inadmisibilidad, por extemporáneo, del recurso de reposición.
El Tribunal, después de señalar que en todo caso el recurrente tenía que haber recibido las notificaciones vía electrónica, al concurrir los requisitos de la normativa aplicable, el hecho de que hayan existidos dos notificaciones, una por correo con acuse de recibo y otra electrónica y que las mismas señalen fechas distintas, induce a error a la parte actora y le causa indefensión.
Por todo ello, estima parcialmente el recurso y ordena que la Administración admita los recursos de reposición que la actora formuló, y se pronuncie acerca del derecho a la devolución solicitada.
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03/08/2018
EL TS se pronuncia sobre la indemnización por despido de los trabajadores con jornada reducida por un ERTE
El trabajador, que a consecuencia de un ERTE se encontraba en situación de reducción de jornada del 50% desde el 14-11-2012, prestó servicios para la empresa hasta el 14-1-2014 en que se le comunicó el cese de su relación laboral por pérdida de contrata.
El trabajador reclama contra el despido que es declarado improcedente por el juzgado de lo social, estableciendo una indemnización para cuyo cálculo computa el salario del trabajador a tiempo completo sin tener en cuenta la reducción de jornada fijada por el ERTE. La empresa presenta recurso de suplicación y TSJ declara que el salario que ha de regular las indemnizaciones por despido es el percibido en el último mes prorrateado con las pagas extraordinarias. Por ello, y en cuanto que el último mes estuvo en situación de reducción de jornada percibiendo el 50% del salario, es esta la cantidad que se debe tener en cuenta para fijar su indemnización. El trabajador plantea recurso para la unificación de doctrina.
La cuestión que se plantea es la relativa a la determinación del módulo indemnizatorio y salarial a tener en cuenta en los supuestos de previa reducción de jornada, acordada en el curso de un ERE anterior.
El TS recuerda que la doctrina de la Sala establece que el salario que ha de regular las indemnizaciones por despido es el percibido en el último mes, prorrateado con las pagas extraordinarias, salvo circunstancias especiales, pronunciándose en repetidas ocasiones sobre lo que se consideran circunstancias especiales (oscilación de los ingresos irregulares o la pérdida injustificada -fraude- de una percepción salarial no ocasional o de carácter puntual…). Con relación a la reducción de jornada imputable en exclusiva a una decisión empresarial, el TS consideraque sería contrario al principio de buena fe aceptar una actuación de la empresa que reduce unilateralmente el salario para perjudicar al trabajador no sólo en sus retribuciones, sino incluso en el importe de la indemnización por extinción de la relación laboral. Por ello, considera que el mismo criterio se debe seguir en supuestos como el enjuiciado en los que la reducción de jornada es consecuencia de un ERTE, haya sido o no pactada la medida colectiva, por las siguientes razones:
a) La medida obedece a iniciativa e interés primordial de la empresa, aunque también pueda suponer un beneficio para el colectivo de trabajadores, al contribuir al mantenimiento de los niveles de empleo.
b) La reducción tiene carácter transitorio frente a la naturaleza indefinida de la relación que el despido frustra;
c) Admitir como módulo salarial la retribución correspondiente a la jornada reducida propicia el fraude de ley, en tanto que consentiría la instrumentación de la reducción de jornada como antesala para el final abaratamiento del despido:
d) La justicia material de esta solución es clara en los supuestos -como el enjuiciado- en que un despido es declarado improcedente, ya que la ilegitimidad de esta medida -por eso se hace la declaración de improcedencia- vendría a incidir sobre el patrimonio de un trabajador previamente afectado con la medida de la reducción operada por el ERTE, de forma que no resulta razonable que tras el sacrificio de la reducción salarial el trabajador se vea perjudicado, además, con la posterior minoración indemnizatoria.
Por ello, se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina, y se revocar la sentencia dictada por el TSJ de Madrid.
02/08/2018
Despido de trabajador con jornada reducida por guarda legal: ¿cómo se calculan los salarios de tramitación?
El trabajador comunica a la empresa su deseo acogerse a una reducción de jornada del 33 % por cuidado de hijos menores pasando a desempeñar su trabajo en jornada reducida. La empresa procede al despido del trabajador que es declarado nulo en la sentencia dictada de instancia, condenando a la empresa a la readmisión del trabajador con abono de los salarios de tramitación.
En cuanto que para el cálculo de estos salarios se tuvo en cuenta la totalidad de las retribuciones del trabajador sin tener en cuenta la reducción de jornada, la empresa presenta recurso de suplicación, que es desestimado, por lo que el trabajador se presenta recurso de casación para la unificación de doctrina.
La cuestión que se debate en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina es la de si declarado nulo el despido de un trabajador en situación de reducción de jornada por cuidado de hijos menores, los salarios de tramitación deben computarse teniendo en cuenta esta jornada reducida.
Para resolverla el TS recuerda que el ET disp.adic.19ª establece que en los supuestos de reducción de jornada por guarda legal (además, de los de nacimiento de hijos prematuros y la solicitada por víctimas de violencia de género o terrorismo) el salario a tener en cuenta a efectos del cálculo de las indemnizaciones previstas en la ley debe ser el que hubiera correspondido al trabajador sin considerar la reducción de jornada efectuada.
En este aspecto doctrina del TS reconoce el carácter indemnizatorio de los salarios de tramitación, ya que no responden a trabajo efectivo ni a descansos retribuidos, por lo que concluye que se admite una interpretación extensiva en favor de entender que dentro de la expresión "cálculo de las indemnizaciones previstas en esta Ley", se incluye cualquier tipo de indemnización en la que esté en juego la cuantía del salario, y no solo la indemnización por despido vinculada en sentido estricto a la pérdida del empleo.
Asimismo, el TS recuerda que la finalidad de esta medida es tanto la protección del derecho de los trabajadores a conciliar su vida laboral y familiar para mejor cumplir con los deberes inherentes a la patria potestad como atender el propio interés del menor a recibir la mejor atención posible, estando recogida tanto en la constitución (art.39), y de su disfrute no puede seguirse para el trabajador perjuicio alguno.
Por ello, se desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto.
01/08/2018
Indemnización por despido improcedente ¿Se compensa con las indemnizaciones por finalización de los sucesivos contratos temporales?
Los trabajadores prestaron servicios para el ayuntamiento en virtud de sucesivos contratos temporales para obra o servicio determinado, desarrollando siempre las mismas funciones. Con efectos de 28-2-13, el ayuntamiento notificó la finalización de sus contratos por fin de los programas a los que estaban adscritos. A la finalización de cada contrato temporal, el ayuntamiento la correspondiente indemnización.
Los trabajadores presentan demanda de despido que el Juzgado de lo Social estima declarando la relación laboral indefinida y la improcedencia del despido. Condenó asimismo a la empresa a abonar a los trabajadores una indemnización calculada teniendo en cuenta la antigüedad correspondiente al primero de los contratos temporales celebrados. El ayuntamiento presenta recurso de suplicación que el TSJ Sevilla desestima rechazando también la pretensión de descontar las sucesivas indemnizaciones abonadas a consecuencia de la extinción de los contratos temporales de la correspondiente a la declaración de improcedencia de los despido. La empresa recurre en casación para la unificación de doctrina.
La principal cuestión planteada consiste en determinar, en
el caso de encadenamiento fraudulento de contratos temporales que son
declarados indefinidos judicialmente, la procedencia o no de deducir de la
indemnización por despido improcedente las indemnizaciones ya percibidas por
finalización de los contratos temporales suscritos.
El TS, aplicando su propia doctrina (TS
31-5-06, EDJ 84028) rechaza tal posibilidad puesto que para que dos deudas
sean compensables, es preciso que las dos estén vencidas, sean liquidables y
exigibles. Las cantidades que se pretende compensar con parte del importe de la
indemnización por despido, fueron satisfechas por el empleador por la extinción
de los contratos temporales, que posteriormente se han declarado celebrados en
fraude de ley. Por ello, no generaron ninguna deuda del trabajador a la empresa,
e inexistente la deuda, no procede compensación alguna.
No obstante, el TS considera que este criterio debe ser matizado. Considera que la minoración ha de operar sobre la indemnización abonada por la extinción del último contrato temporal respecto de la indemnización abonada por despido improcedente a fin de evitar duplicidad. La ruptura final del vínculo no se produce por la extinción regular del contrato temporal sino por un despido improcedente para el que se establece una indemnización superior y en cuyo cómputo se integra el período de prestación de servicios correspondiente al último contrato. La decisión de cese adoptada por el empleador es única y no debe llevar aparejado un sumatorio de indemnizaciones. Siendo único el despido, procede el abono de la indemnización correspondiente a la calificación de improcedencia y no la relativa a la extinción de un vínculo temporal de manera que lo ya abonado debe detraerse de la correspondiente al despido improcedente.
Por ello, estima parcialmente el recurso a fin de resolver que de las sumas indemnizatorias declaradas se deduzcan las cantidades abonadas por la extinción del último de los contratos suscritopor cada trabajador con el ayuntamiento.
01/08/2018
Subvenciones Pymes y autónomos de 1-8-2018 a 3-8-2018
Programa Comercio Minorista. Diagnósticos de Innovación Comercial (BOP 02/08/2018)
Hasta 30/11/2018
Andalucía
Subvenciones al fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales (BOJA 03/08/2018)
Hasta 30/09/2018
Andalucía
Ayudas a la difusión y promoción de la economía social, al fomento del emprendimiento social y a la innovación y competitividad empresarial de la economía social (BOJA 03/08/2018)
Hasta 03/08/2018
Asturias
Subvenciones dirigidas a empresas y autónomos en el marco del programa de cheques (BOPA 02/08/2018)
(1)
Badajoz
Programa de comercio minorista de selección de PYMES y Autónomos para el Desarrollo de Diagnósticos de Innovación Comercial (BOP 02/08/2018)
Hasta 30/11/2018
Cádiz
Ayudas a la Contratación Laboral (BOP 01/08/2018)
Hasta 16/09/2019
Cádiz
Programa Comercio Minorista. Diagnósticos de Innovación Comercial (BOP 01/08/2018)
Hasta 20/09/2018
Cantabria
Subvenciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como de la integración de la prevención de riesgos laborales (BOC 03/08/2018)
(1)
Castilla y León
Subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en el ámbito tecnológico de las PYMES (BOCyL 02/08/2018)
(1)
Castilla-La Mancha
Ayudas 1B, 1C, 2A y 2B para la adquisición de vehículos nuevos eficientes y para la transformación del sistema motor a GLP, GNC, GNL o hidrógeno (DOCM 03/08/2018)
Hasta 15/05/2019
Cataluña
Ayudas a inversiones empresariales de alto impacto (DOGC 03/08/2018)
(2)
Cataluña
Ayudas para la concesión de subvenciones a iniciativas de refuerzo de la competitividad (DOGC 03/08/2018)
(3)
Cataluña
Subvenciones a las empresas de inserción para la realización de acciones para la mejora del empleo y la inserción laboral de los colectivos en riesgo o situación de exclusión social (DOGC 02/08/2018)
Hasta 16/10/2018
Cataluña
Subvenciones para el fomento de la incorporación de personas en situación de desempleo mayores de 45 años al mercado de trabajo (DOGC 02/08/2018)
(1)
Cataluña
Programa Comercio Minorista. Diagnósticos de Innovación Comercial (DOGC 02/08/2018)
De 27/08/2018 Hasta 15/10/2018
Comunidad Valenciana
Programa de fomento de empleo para la mejora de las condiciones laborales en el sector de la hostelería (DOGV 03/08/2018)
Hasta 31/10/2018
Comunidad Valenciana
Programa de fomento de la contratación indefinida de determinados colectivos vulnerables (DOGV 03/08/2018)
Hasta 31/10/2018
Extremadura
Ayudas destinadas a actuaciones de ahorro y eficiencia en ergética (DOE 01/08/2018)
Hasta 01/08/2019
Extremadura
Ayudas destinadas a instalaciones de energías renovables (DOE 01/08/2018)
Hasta 01/08/2019
Galicia
Ayudas a los proyectos piloto Industria 4.0 (III Piloto Industria 4.0 2018) (DOGC 03/08/2018)
Hasta 28/09/2018
Galicia
Ayudas para la puesta en marcha de casas nido (DOGA 01/08/2018)
Hasta 03/09/2018
Gipuzkoa
Ayudas a la participación de Pymes y autónomos en el desarrollo de diagnósticos de innovación comercialg. Programa de comercio minorista (BOG 03/08/2018)
Hasta 16/11/2018
Granada
Ayudas a la participación en la Misión Comercial Directa Londres (Reino Unido) (BOP 03/08/2018)
Hasta 09/08/2018
Madrid
Ayudas para potenciar la innovación tecnológica e impulsar la transferencia de tecnología al sector productivo comprendido en las prioridades de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una especialización inteligente (RIS3) (BOCM 03/08/2018)
(1)
Menorca
Ayuda para el tejido empresarial, artesanal y asociativo (BOIB 02/08/2018)
Hasta 01/10/2018
País Vasco
Ayudas a inversiones en promoción de instalaciones de energías renovables para producción eléctrica (BOPV 03/08/2018)
(4)
País Vasco
Ayudas para la asistencia técnica en las empresas de economía social (BOPV 02/08/2018)
Hasta 15/09/2018
País Vasco
Ayudas para la intercooperación empresarial en la economía social (BOPV 02/08/2018)
Hasta 15/09/2018
(1) Pendiente de convocar.
(2) De 03/09/2018 a 01/10/2018.
(3) De 27/08/2018 a 27/09/2018.
(4) Cierre de convocatoria.
01/08/2018
Publicado el convenio para la colaboración entre la TGSS y la Inspección de trabajo
La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la Inspección de Trabajo (ITSS) han firmado un convenio para intensificar y hacer más eficaz la labor de fiscalización y control de las obligaciones con la Seguridad Social. El convenio tiene una duración de 5 meses, del 1-8-2018 al 31-12-2018. En el convenio se regulan fundamentalmente los siguientes aspectos:
1. Gestión de asuntos comunes y colaboración en la tramitación de los asuntos o materias sobre los que se centra la actuación inspectora. De esta forma, cuando la ITSS, en el curso de cualquier tipo de investigación, detectase discrepancias entre los datos reales de empresas y/o trabajadores y los que figuren en las bases de la TGSS, lo pondrá en conocimiento de esta última a través del procedimiento que se acuerde, y a los efectos de la corrección y actualización de dichos datos. En particular, el Organismo Estatal ITSS colaborará con la TGSS en la depuración de información que ésta le facilite para llevar a cabo sus actuaciones, tanto en relación con datos identificativos de los sujetos obligados como de las bases de cotización.
2. Elaboración conjunta de un Plan de Objetivos para la lucha contra el fraude en materia de Seguridad Social, cuya duración comprenderá los meses de agosto a diciembre del año 2018 ambos incluidos, que será incardinado en los programas de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y que fijará la fecha concreta de inicio de actuaciones. En el Plan de Objetivos podrá fijarse la realización de actuaciones permanentes, principalmente en materia de Régimen Económico de la Seguridad Social, y en el se especificarán como mínimo los siguientes aspectos:
- Expresa determinación de la/s conducta/s o supuesto/s de hecho objeto de cada campaña.
- Especificación por ambas partes, campo a campo, del contenido de la información solicitada y formato de la misma que, en su caso, deba remitir la TGSS al Organismo Estatal ITSS y viceversa.
- características técnicas del suministro de información;
- compromisos para cada campaña, tanto de la TGSS como del Organismo Estatal ITSS, especificando número de actuaciones, plazos de ejecución y comunicación de resultados;
- ámbito territorial, y en su caso, sectorial de cada campaña.
3. Obligación de facilitar información, así:
- El Organismo Estatal ITSS, mantendrá informada a la Tesorería General de la Seguridad Social periódicamente de las actuaciones realizadas y resultados obtenidos en cada campaña con vistas a la evaluación de los mismos. El tipo de información y sus plazos de remisión se determinarán específicamente en el Plan de Objetivos.
- La TGSS dará a la ITSS la información necesaria disponible en sus bases de datos. El único destinatario de esta información será la ITSS y Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en sus distintos niveles operativos y los responsables de dicha información deberán utilizarla, bajo su responsabilidad, para fines exclusivamente profesionales. Además, programada una determinada campaña, la información de base para su inicio deberá remitirse por la TGSS y obrar en la ITSS con antelación suficiente a dicho inicio.
4. Perfeccionamiento profesional mutuo y recíproco en el conocimiento y utilización de las aplicaciones informáticas necesarias para llevar a cabo las funciones y cometidos encomendados. Para la gestión de los asuntos comunes ambas partes podrán acordar la realización de cursos de formación tanto para funcionarios de la TGSS como del Organismo Estatal ITSS en aquellas materias que se estimen necesarias. Dichos cursos versaránEn particular sobre las materias objeto de la programación, así como en el manejo de las aplicaciones y transacciones informáticas necesarias.
En el Plan deObjetivos podrá fijarse también la realización de cursos de formación con carácter previo y con ocasión de la realización de determinadas campañas, cuando su complejidad así lo aconseje.
30/07/2018
Se amplía a los extranjeros irregulares el acceso al Sistema Nacional de Salud
El RDL 16/2012 modificó la L 16/2003 vinculando el derecho a la asistencia sanitaria a la cotización. Se excluía de esta manera del derecho a la asistencia sanitaria a los extranjeros que no fueran titulares de una autorización para residir en territorio español a los que se limitaba la asistencia en casos de urgencia por enfermedad grave o accidente y durante el embarazo, parto y posparto.
El RDL 7/2018 modifica ahora la citada ley para vincular el derecho a la asistencia sanitaria a la residencia legal y habitual en España, así como a quienes sin residir habitualmente en España tengan reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en España por cualquier otro vínculo. No obstante, se reconoce expresamente el derecho de las personas extranjeras encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.
Se modifica igualmente el RDLeg 1/2015 para regular el porcentaje de aportación farmacéutica de las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España que se fija en el 40% del PVP.
El RDL 7/2018 deroga también los artículos 2 a 8 del RD 1192/2012 por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España
El RDL 7/2018 entra en vigor el 31-7-2018. No obstante, remite el reconocimiento de estos derechos a su desarrollo reglamentario por lo que hasta esa fecha se mantendrán vigentes los procedimientos existentes.
30/07/2018
Se mejora la protección por desempleo para el trabajo a tiempo parcial vertical
El TJUE (TJUE 9-11-17, asunto Espadas Recio) declaró que el sistema utilizado en España para determinar la duración de la prestación por desempleo de los trabajadores a tiempo parcial que concentran su jornada en determinados días laborables de la semana (trabajo vertical), era contrario al Derecho de la Unión. Consideró que este sistema, que excluía los días no trabajados de los días cotizados, era contrario a la Directiva que prohíbe la discriminación por razón de sexo ya que se constata que la mayoría de los trabajadores afectados son mujeres.
Como consecuencia de este pronunciamiento, mediante este Real Decreto se procede a adaptar la normativa española a las exigencias del derecho comunitario, y establecer la misma regulación tanto a efectos de determinar la ocupación cotizada como de fijar la duración de la prestación reconocida en función del periodo el tiempo de cotización acreditado, cualquiera que sea la modalidad de trabajo a tiempo parcial (vertical o horizontal)
Por ello, se da una nueva redacción al RD 625 art.3.4 estableciendo que a efectos de prestación por desempleo, cuando las cotizaciones acreditadas correspondan a trabajos a tiempo parcial, se debe computar el período correspondiente a la duración del contrato con independencia de que se hayan trabajado todos los días laborables o solo parte de los mismos, y con independencia de cuál sea la duración de la jornada. Se excluyen, no obstante, los periodos de inactividad productiva de los trabajadores fijos discontinuos (LGSS art.267.1.d).
Esta norma se encuentra vigente desde el 29-7-2018.
Se ha aprobado el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020, con la finalidad de convertirse en la principal herramienta, desde las competencias de la ITSS, para hacer frente a los problemas más graves de del mercado laboral actual. El plan se enmarca en la consecución de los objetivos estratégicos definidos por la OIT: la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, el empleo, la protección social y el diálogo social. Además, refuerza la garantía de sostenibilidad presente y futura de la Seguridad Social y de las prestaciones sociales.
Con carácter principal, los objetivos del plan son los siguientes:
- recuperar derechos laborales y mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo;
- combatir el fraude laboral, garantizando la competencia leal entre empresas en el mercado de trabajo, por ello se dirige contra aquellas que incumplen la normativa laboral y de Seguridad Social vigente. Además, el fraude es económicamente insostenible y socialmente injusto y provoca una merma en la competitividad y productividad de la economía española, y ataca a los derechos fundamentales o básicos de las personas trabajadoras.
La iniciativa se compone de 75 medidas, de las cuales 55 son operativas y 20 organizativas.
Las medidas operativas, que serán puestas en marcha de forma inmediata por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se establecen en los siguientes ámbitos de actuación:
1. Luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales (8 medidas).
2. Luchar contra los abusos en la contratación a tiempo parcial, los excesos de jornadas y horas extraordinarias no pagadas ni compensadas (medidas de 9 a 12).
3. Medidas para corregir los incumplimientos en materia salarial y los derivados de la externalización de actividades (medidas de 13 a 15).
4. Protección de derechos fundamentales y promoción de la igualdad, que diferencia entre las medidas destinadas a potenciar los objetivos de lucha contra la discriminación, por cualquier circunstancia personal y/o social, especialmente la salarial por razón de género y el acoso sexual y por razón de género, y promoción de la igualdad, sin perjuicio de las acciones específicas que para cada uno se prevén (medidas de 16 a 25); y otras que refuerzan e intensifican la actuación de la ITSS en este ámbito (Medidas de 26 a 34).
5. Refuerzo de la lucha contra la economía irregular (medidas de 35 a 43).
6. Afrontar las nuevas modalidades de prestación del trabajo cmo consecuencia de la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y el uso generalizado de internet ha traído consigo la modernización (medidas de 44 a 46).
7. Regularizar la situación de los trabajadores y trabajadoras que se encuentren bajo la figura de «Falso becario» (medidas 47 y 48).
8. Reforzar las actuaciones para reducir la accidentalidad y morbilidad laboral (medidas de 49 a 52).
9. Garantizar los derechos sindicales para luchar contra la precariedad laboral (medidas de 53 a 55).
Para el desarrollo del plan director, además, se hace necesario establecer medidas organizativas que permitan su implementación de manera eficaz y continuada, reforzando los recursos humanos y los medios materiales y tecnológicos, así como los mecanismos de coordinación y colaboración institucional. Se adoptan las siguientes:
1. Reforzar los medios humanos y materiales del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Entre estas medidas, se incluye la incorporación de 833 nuevos inspectores y subinspectores, lo que supone un incremento estimado del 23% del total de la plantilla. (medidas de 56 a 58).
2. Puesta en marcha efectiva del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (medida 59 y 60).
3. Potenciación de la Herramienta de Lucha contra el Fraude (HLF) (medida 61)
4. Modernización de los procedimientos de gestión de la Inspección de Trabajo (medidas de 62 a 65).
5. Refuerzo de la colaboración y coordinación institucional (medidas 66 y 67)
6. Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (medidas 68 y 69)
7. Reforzar la cooperación en la lucha contra la precariedad y el fraude Internacional (medidas 70 y 71)
8. Plan de comunicación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (medidas 72 a 75)
El plan director también establece la necesidad de llevar a cabo actuaciones de dialogo político y social. El diálogo político para llevar a cabo la modificación de las normativas vigentes que se considera están en el origen de la precariedad laboral, y el diálogo social con CEOE, CEPYME, Comisiones Obreras y UGT ocupe un lugar central para la determinación de las políticas en materia de relaciones laborales, empleo y Seguridad Social.
Dentro del plan director, se incluyen dos planes de choque con acciones inmediatas en sus ámbitos de actuación que se desarrollarán entre el uno de agosto y el 31 de diciembre. Son los siguientes:
a) Plan contra el fraude en la contratación temporal, que tiene por objeto analizar los datos disponibles sobre los contratos temporales que se hayan podido suscribir de forma fraudulenta o con superación de los límites temporales de duración. Los objetivos del plan son:
- proceder a regularizar los mismos, adoptando las medidas que resulten procedentes;
- aportar mayor estabilidad a los trabajadores;
- tener un efecto disuasorio sobre las empresas incumplidoras dirigido a prevenir prácticas abusivas y fraudulentas.
b) Plan contra la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial, que tiene por objeto analizar los datos disponibles de los contratos a tiempo parcial en los que la jornada declarada en el contrato no se corresponda con la realmente realizada. Los objetivos del plan son:
-regularizar tanto de la jornada como de la situación de seguridad social de los trabajadores afectados;
- aportar a los trabajadores una mayor seguridad sobre su jornada de trabajo;
- efecto disuasorio sobre los empresarios dirigido a prevenir prácticas abusivas y fraudulentas.
Para el desarrollo de los planes de choque, la ITSS adoptará las siguientes medidas, que se llevaran a cabo en dos fases:
1. Detección de posibles situaciones de fraude. Las empresas con posibles situaciones de fraude serán objeto de una comunicación de la ITSS, informándoles de los datos obtenidos, instándoles a revisar su situación, y advirtiéndoles de la realización de actuaciones inspectoras de comprobación en caso de no regularización.
2. Comprobación de las modificaciones realizadas. Las empresas que continúen incumpliendo serán objeto de una actuación por parte de la ITSS para la comprobación de tales extremos, adoptando las medidas que resulten preceptivas.
Además, se prevé la celebración de campañas extraordinarias autonómicas con la finalidad de adaptar la actuación inspectora a las peculiaridades propias de cada ámbito territorial, que tengan una incidencia significativa en las materias que integran ambos planes de choque.
El seguimiento del plan director se realizará semestralmente en la Comisión Permanente del Consejo Rector y en la Comisión Permanente del Consejo General del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las siguientes fechas:
– Enero de 2019, con particular atención a los resultados de los planes de choque contra la temporalidad fraudulenta y contra la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial;
– Julio de 2019;
– Enero 2020.
En julio de 2020 se realizará la evaluación mediante un informe final que contenga la valoración final del plan director.
30/07/2018
Calendario de fiestas laborales y de cotización. Agosto 2018
Sistema de liquidación directa (SILTRA) (vencimiento)
22
Último día para aceptar el borrador de liquidación total, para la modalidad de pago «domiciliación en cuenta».
24
Si el borrador de liquidación total se ha emitido entre los días 1-23, pero todavía no se ha aceptado, la TGSS lo cerrará de oficio el día 24, pero ya deberá abonarse mediante «pago electrónico».
28
Si el borrador de liquidación total/parcial se ha emitido entre los días 24-27, pero todavía no se ha aceptado, la TGSS lo cerrará de oficio el día 28, pero ya deberá abonarse mediante «pago electrónico».
30
Si el borrador de liquidación total/parcial se ha emitido a partir del día 28, pero todavía no se ha aceptado, la TGSS lo cerrará de oficio diariamente, pero ya deberá abonarse mediante «pago electrónico».
31
Último día de pago para la modalidad «pago electrónico».
Sistema de autoliquidación (vencimiento)
Hasta el 18
COTIZACIÓN A LA SEGURIDADSOCIAL SISTEMA RED: DOMICILIACIÓN EN CUENTA
Envío de TC2 solicitando esta modalidad de pago:
Régimen general y Sistema especial de frutas, hortalizas y conservas vegetales.
Regímenes especiales de los trabajadores del mar (cuenta ajena) y minería del carbón.
Régimen especial agrario (jornadas reales).
24
COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL SISTEMA RED: PAGO ELECTRÓNICO Emisión del recibo de liquidación de cotizaciones por la TGSS cuando la documentación ha sido enviada entre los días 1 y 23.
Hasta el 27
COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL SISTEMA RED: PAGO ELECTRÓNICO Envío de TC2 solicitando esta modalidad de pago:
Régimen general y Sistema especial de frutas, hortalizas y conservas vegetales.
Regímenes especiales de los trabajadores del mar (cuenta ajena) y minería del car- bón.
Régimen especial agrario (jornadas reales).
28
COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL SISTEMA RED: PAGO ELECTRÓNICO Emisión del recibo de liquidación de cotizaciones por la TGSS cuando la documentación ha sido presentada entre los días 24 y 27.
Hasta el 31
COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL SISTEMA RED Último día para realizar el ingreso en la modalidad de pago electrónico. Fecha de cargo en la modalidad de pago con domiciliación en cuenta.
Durante todo el mes
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL E INGRESO DE CUOTAS
Ingreso dentro del mes siguiente a su devengo y del mismo mes en el RETA, en entidades financieras autorizadas o por domiciliación bancaria Boletín de cotización Régimen General. Régimen General de artistas y profesionales taurinos.
Régimen General de representantes de comercio. Régimen General sistema especial de manipulado y empaquetado de tomate fresco.
Régimen especial de empleados de hogar. Régimen especial minería del carbón. Régimen especial agrario (jornadas reales).
Régimen especial de los trabajadores del mar
Grupos I, II y III trabajadores por cuenta ajena.
Grupo III trabajadores por cuenta propia. Régimen especial de trabajadores autónomos.
Régimen especial de artistas y profesionales taurinos.
Calendario de fiestas laborales y de cotización. Agosto 2017
Se incluye el calendario de fiestas laborales y el calendario de cumplimiento de las obligaciones de cotización y recaudación a la Seguridad Social correspondientes a agosto de 2017.
El Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos (en
adelante RGPD) es de plena aplicación en los Estados miembros desde el 25-5-18,
debiéndose adaptar los ordenamientos internos al mismo. Para ello, el Consejo
de Ministros aprobó un Proyecto de Ley Orgánica que actualmente se encuentra en
tramitación parlamentaria. En espera de su aprobación definitiva se dicta el
RDL 5/2018 para regular las cuestiones en esta materia no reservadas a Ley Orgánica.
El RDL5/2018, que entra en vigor el 31-7-2018 y permanecerá vigente hasta la entrada en vigor
de la nueva ley orgánica de protección de datos (RDL 5/2018 disp.final única),
regula las siguientes cuestiones:
1. Identificación
del personal competente para ejercer
los poderes de investigación de la Agencia Española de Protección de Datos
(RDL 5/2018 Cap.I).
La actividad de investigación de
la AEPD se va a llevar a cabo por los
funcionarios de la Agencia, o por funcionarios ajenos a ella habilitados
expresamente por su Director, que van a tener la consideración de agentes de la
autoridad. En el desarrollo de sus funciones van a poder recabar las informaciones precisas para el cumplimiento de sus
funciones, realizar inspecciones, requerir la exhibición o envío de documentos
y datos necesarios y examinarlos, inspeccionar equipos y requerir la ejecución
de tratamientos u programas o procedimientos de gestión y soporte del
tratamiento sujetos a investigación.
2. Régimen
sancionador (RDL 5/2018 Cap.II)
Las infracciones en materia de protección de datos se
regulan por el RGPD art.83.44, 5 y 6, por
ello se derogan expresamente los artículos de la LO 15/1999 que establecían las
infracciones y sanciones en esta materia (art. 40, 43, 44, 45, 47, 48 y 49).
Las infracciones previstas en la norma europea están
sujetas a un plazo deprescripción que oscila entre los 2 y los 3 años según el tipo de infracción (RDL
5/2018 art.5). Por su parte, el plazo de prescripción de las sanciones es de 1
año para las sanciones de hasta 40.000 €; de 2 años para las sanciones de entre
40.001 y 300.000 euros y de 3 años para las sanciones de superior cuantía (RDL
5/2018 art.6).
Están sujetos al
régimen sancionador los responsables y encargados de los tratamientos; los
representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no
establecidos en la UE; las entidades de certificación y las entidades
acreditadas de supervisión de los códigos de conducta. Por el contrario no se aplica el régimen sancionador en
esta materia al delegado de protección de datos.
3. Se establecen disposiciones de aplicación a los
procedimientos tramitados por la AEPD en
los siguientes casos:
a) Cuando un afectado reclame que no se ha atendido su
solicitud de ejercicio de sus derechos de acceso, de rectificación o supresión
y de oposición (Rgto (UE) 2016/679 art.15 a 22): el procedimiento se inicia por
acuerdo de admisión a trámite y se establece un plazo para resolver de 6 meses
desde su notificación al reclamante. Transcurrido ese plazo el interesado puede
considerar estimada su reclamación.
b) Cuando la AEPD investigue
la existencia de una supuesta infracción del Rgto (UE) y la normativa de española
de protección de datos: el procedimiento se inicia mediante acuerdo de inicio adoptado
por propia iniciativa o como consecuencia de reclamación. El plazo máximo de
duración del procedimiento es de 9 meses, transcurrido el cual se produce su
caducidad y el archivo de actuaciones.
Los plazos de
tramitación en ambos supuestos se suspenden cuando deba recabarse información, solicitud de asistencia o pronunciamiento
preceptivo de un órgano u organismo de la UE o de una o varias autoridades de
control de los Estados miembros conforme con lo establecido en el RGPD, por el tiempo que medie entre la solicitud y la
notificación del pronunciamiento a la AEPD. Antes de adoptar el acuerdo
de inicio de procedimiento, y una vez admitida a trámite la reclamación, la AEPD puede llevar a cabo actuaciones previas de investigación durante
un máximo de 12 meses.
Además, la AEPD puede
acordar medidas provisionales para
salvaguardar el derecho fundamental a la protección de datos como el bloqueo
cautelar de los datos y la obligación inmediata de atender el derecho
solicitado.
4. Se designa a la AEPD
como representante de España en el Comité Europeo.
27/07/2018
No admitir recurso contra determinadas resoluciones del secretario judicial vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva
Se plantea cuestión interna de inconstitucionalidad con relación al régimen de impugnación de las resoluciones de los letrados de la Administración de Justicia (LRJS art. 188.1 párrafo primero) en la medida en que excluye la posibilidad de que el decreto del Letrado de la Administración de Justicia que resuelve el recurso de reposición contra sus propias diligencias de ordenación, y, entre ellas, la que resuelve sobre el cumplimiento del trámite de presentación del escrito de impugnación del recurso de casación para unificación de doctrina, sea revisado por el Juez o Tribunal a través de un recurso directo de revisión, sin perjuicio de reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva.
La cuestión que se plantea reside en determinar si la previsión contenida en la LRJS art. 188.1 es compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión garantizada por la Const. art.24.1 y con el principio de exclusividad de juzgados y tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional establecido en la Const. art. 117.3.
El TCo, tal y como señaló respecto del procedimiento contencioso administrativo (TCo 52/2016), considera que la constitución garantiza que la tutela de los derechos e intereses legítimos de los justiciables sea dispensada por los Jueces y Tribunales, a quienes está constitucionalmente reservada en exclusividad el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Esto impide al legislador excluir de manera absoluta e incondicionada la posibilidad de recurso judicial contra los decretos de los Letrados de la Administración de Justicia resolutorios de la reposición como sucede en el precepto enjuiciado.
Considera que interpretarlo de otro modo supondría admitir la existencia de un sector de inmunidad jurisdiccional, lo que es incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva y conduce a privar al justiciable de su derecho a que la decisión procesal del Letrado de la Administración de Justicia sea examinada y revisada por quien está investido de jurisdicción (esto es, por el Juez o Tribunal), lo que constituiría una patente violación del derecho a la tutela judicial efectiva.
Por ello concluye que el precepto discutido es incompatible con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la reserva de jurisdicción a los Jueces y Tribunales integrantes del poder judicial, y estima la cuestión de inconstitucionalidad y se declara la inconstitucionalidad y nulidad del primer párrafo de la LRJS art.188.1. También señala que, en tanto el legislador no se pronuncie al respecto, el recurso judicial procedente frente al decreto del Letrado de la Administración de Justicia resolutivo de la reposición ha de ser el directo de revisión.
En aplicación del Convenio Colectivo Nacional de Industrias Cárnicas, la empresa venía abonando a los trabajadores de producción, sometidos a niveles de ruido superiores a 80 dbA, el plus de ruido. Para percibir el citado plus, el convenio colectivo exigía los siguientes requisitos: "1) Que no fuese técnicamente posible eliminar las condiciones acústicas para conseguir alcanzar menos de 80 dbA. 2) Que dándose la circunstancia anterior el trabajador que preste sus servicios en el puesto sometido a 80 dbA o más, utilice la protección auditiva de manera permanente durante su tiempo de trabajo para evitar los efectos del ruido que no han podido ser eliminados".
El abono se efectuó hasta el mes de diciembre de 2011 en que la empresa decide unilateralmente dejar de pagarlo por considerarlo contrario a la doctrina del TS 25-11-09, EDJ 321844. Esta sentencia, en aplicación de la normativa comunitaria, declaró que existe penosidad por ruido cuando el que llega al oído del trabajador tras utilizar los protectores auditivos individuales alcanza los 80 dbA de media. Contra esta decisión, la representación legal de los trabajadores presenta demanda de conflicto colectivo. La demanda fue estimada en primera instancia y desestimada por el TSJ Castilla-La Mancha. Ambas partes recurren en casación para la unificación de doctrina.
La cuestión que se plantea consiste en determinar si el nivel de ruido que determina el abono del plus de ruido del convenio colectivo es el del puesto de trabajo o el que llega al oído del trabajador con protección auditiva individual.
La literalidad del artículo del convenio lleva al TS a entender que el listón de los 80dbA ha de medirse con exclusiva referencia al puesto de trabajo. Es cierto que el requisito que se refiere a que el trabajador utilice la protección auditiva pudiera llevar a considerar que la medición de los 80 dbA debe ser posterior al empleo de tales medios pero el TS descarta esta posibilidad. La obligación impuesta a los trabajadores de utilizar protección auditiva se conecta al deber impuesto a la empresa de eliminar técnicamente el ruido. La exigencia de ambas obligaciones tiene una finalidad preventiva en orden a garantizar la salud de los trabajadores si el empleador tiene la tentación de acudir al abono del plus y no a los medios técnicos pues para ello, debe ser técnicamente imposible eliminar las condiciones acústicas. Pero por otro lado, para percibir el plus, al trabajador se le impone la previa obligación de utilizar las protecciones individuales proporcionadas.
A la misma consideración lleva la interpretación sistemática, pues otro párrafo del convenio afirma que "si por cualquier mejora de las instalaciones o maquinaria, utilización de medios técnicos de protección no individuales" el nivel de ruido bajase de 80 dbA, "se dejará de abonar el plus". Este párrafo revela claramente la voluntad de los negociadores puesto que no se alude a la mejora en los medios de protección "individuales" con lo que es claro que se reconoce que la medición determinante del complemento se hace sin los referidos medios individuales.
Por otro lado, la empresa dejó de abonar el plus cuestionado cuando tuvo conocimiento de las sentencias del TS pero estas iban dirigidas al plus de penosidad. El caso analizado es diferente pues lo que se cuestiona es el abono del complemento por ruido sin que pueda extrapolarse la conclusión allí alcanzada al plus de ruido colectivamente pactado.
Estas consideraciones, llevan al TS a la conclusión que el nivel de ruido a tener en cuenta para devengar el complemento salarial es el que ofrece el puesto de trabajo y no el que percibe el trabajador individual cuando utiliza los preceptivos medios de protección.
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El Tribunal Supremo ha rechazado la obligación de que las empresas lleven a cabo un registro diario de las horas trabajadas por cada empleado, anulando así la sentencia de la Audiencia Nacional de 4
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